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lunes, 2 de septiembre de 2024

NOTICIAS

La ocupación reduce el número de viviendas en alquiler y provoca un encarecimiento del mercado en Barrio Nuevo y La Verdellada

Entre Barrio Nuevo y La Verdellada hay actualmente un total de 37 viviendas ocupadas, de las cuales más de 20 son inquilinos que dejaron de pagar sus mensualidades. 

El precio medio del alquiler en la zona está en 750€ por vivienda y mes, y este curso comienza con tan solo 54 viviendas ofertadas, frente al más de un centenar y medio de hace apenas 5 años.

 


El problema de las viviendas ocupadas en Barrio Nuevo se ha vuelto crónico hasta alcanzar cifras francamente preocupantes, y es que este verano se ha batido el récord de 34 propiedades ocupadas de manera ilegal o irregular por personas distintas a sus propietarios. De estas 34 viviendas, existe denuncia formal por parte de sus propietarios en 27 casos, con procedimientos judiciales que se eternizan, o que se encuentran con sentencia de alzamiento paralizadas por la moratoria anti-desahucios del Gobierno de España, según los datos que ha podido recabar El Verdeño tras un intenso trabajo de campo este verano.

Pero no todos los ocupas son por un acceso ilegal a una vivienda, y es que, desgranando estos 27 casos judicializados, en 22 se ha podido comprobar que se trata de personas que alquilaron una vivienda de manera legal, y tras la aprobación de la nueva ley estatal de 2022, alegaron dificultades económicas y dejaron de abonar sus mensualidades, motivo por el que fueron denunciados por sus propietarios, convirtiéndose de esta manera en ocupas. 

Del resto de casos corroborados en Barrio Nuevo, 12 de 34 son realmente ocupas que accedieron de manera ilegal a una propiedad aparentemente cerrada o abandonada y se hicieron con ella, sucesos que fueron muy mediatizados en su momento. Muchos de estos casos, al no haber sido denunciados por los propietarios de las viviendas, algunas deshabitadas hace décadas o con sus dueños fallecidos o sin herederos, se escapan de las estadísticas, puesto cabe la duda jurídica de si corresponde catalogar a los mismos como "ocupas", o como "moradores sin título habilitante". 

En el caso de La Verdellada, tan solo hay registrados tres viviendas ocupadas, dos de ellas por inquilinos morosos, y otra por ocupación literal de una vivienda que se encontraba vacía. La gran diferencia entre los dos barrios está, principlamente, en el número de viviendas vacías que existen, y es que en La Verdellada la cifra de viviendas habitables vacías es prácticamente nula, mientras que en Barrio Nuevo existen decenas de ellas. 

Los motivos de la existencia de tantos inmuebles vacios en Barrio Nuevo, son múltiples, aunque en la mayoría de los casos se trata de viejas casas terreras cuyos propietarios han fallecido, y no tenían herederos o estos no han procedido a reclamar o regularizar la aceptación de estos bienes inmuebles, que quedan prácticamente abandonados y sin mantenimiento. Esta imagen exterior de las casas, son lo primero que llama la atención de los ocupas, que en la mayoría de los casos estudian con tiempo que vivienda esta a tiro de ocupación y cual no.

La impunidad y el descontrol, con la pérdida del respeto a la propiedad privada, aviva el efecto sobreprotecctor de los propietarios ante la amenza latente. "El problema es que hay una legislación que no protege a los propietarios, y este es uno de los principales problemas que llevan a elevar el precio de los alquileres, pedir miles de requisitos y avales, o en el peor de los casos, sacar del mercado del alquiler viviendas por miedo a ser ocupadas", reconoció a El Verdeño Carmen Vargas Palmero. Ella una vecina propietaria de una vivienda que estaba en alquiler, fue ocupada, y ha vivido un drama familiar para poderla recuperar, por lo que finalmente decidieron venderla. Hoy es una vivienda menos en el mercado del alquiler, porque sus nuevos propietarios la adquirieron para vivirla como residencia habitual.

En definitiva, la oferta de viviendas en alquiler entre La Verdellada y Barrio Nuevo, ha caído a niveles propios de hace más de 30 años, con un aumento de demanda al alza, lo que genera una subida de precios casi inaccesibles para un alquiler convencional de larga temporada, demandado principalmente por familias de clases medias o con niveles económicos reducidos.

El precio medio del alquiler en la zona está en 750€ por vivienda y mes, y este curso comienza con tan solo 54 viviendas ofertadas, frente al más de un centenar y medio que había publicadas hace apenas 5 años. "Son muchos los necesitados de una vivienda de alquiler que critican y atacan a los propietarios por los requisitos que se piden y los precios, pero se olvidan de que los culpables de la situación son las leyes injustas y los ocupas, y de eso no se quejan los que no son propietarios. Los dueños se protegen como lo haría cualquiera cuando ve una amenaza real a su medio de supervivencia", comentó Carmen Vargas.

Con este escenario, la oferta de vivienda en Barrio Nuevo y La Verdellada, antaño milla del alquiler asequible para miles de estudiantes universitarios, se ha reducido drásticamente por la ocupación, puesto que el miedo a perder sus propiedades ha llevado a sus dueños a vender las mismas, o sacarlas del mercado del alquiler, o subir el precio y los requisistos para filtrar al máximo a sus inquilinos. En el caso de las ventas, acaban en nuevos propietarios que las adquieren como vivienda habitual, lo que merma aun más la oferta del alquiler convencional, y contribuye al alza de precios por la propia ley de oferta y demanda.

En definitiva, en Barrio Nuevo y La Verdellada el enemigo del alquiler convencional y del asequible, no ha sido el movimiento de las tn manidas Viviendas Vacacionales, que son casi testimoniales; Aquí el enemigo de la vivienda de alquiler es el ocupa y la propia ley de vivienda que lo protege más que al propio propietario.


lunes, 21 de noviembre de 2022

NOTICIAS

El Gobierno de Canarias investiga denuncias por realquilar las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler por los actuales inquilinos

Funcionarios del Instituto Canario de Viviendas, a instancia de asistentes sociales de La Laguna, ha realizado recientemente visitas de inspección de VPO en régimen de alquiler para aclarar denuncias de fraude en su uso por parte de los adjudicatarios.



Las VPO en régimen de alquiler que forman parte del parque público de viviendas, se adjudican a sus titulares como consecuencia de una necesidad habitacional y social constatada en el momento de la adjudicación, pero hasta la fecha, esa necesidad tan solo se comprueba cada dos años para regular el precio de la cuota mensual, y no para determinar la situación real de vulnerabilidad, por lo que si la situación económica de la familia cambiara en positivo, hasta el punto de abandonar la vivienda y alquilarla a un tercero, no se había controlado.


La nueva Ley estatal de viviendas quiere eliminar la posibilidad del traspaso a propiedad de este tipo de viviendas, con el fin de evitar la especulación o el aprovechamiento privado e inmobiliario de estas viviendas que fueron construidas al 100% con financiación pública. La filosofía de la nueva ley impulsada por el gobierno de Psoe y Podemos, es que si la familia titular de la adjudicación mejora su situación económica y sale de la vulnerabilidad, abandone la vivienda y adquiera otra privada a su coste, y devuelvan la VPO para su adjudicación a otra familia en situación vulnerable.


Como anticipo a dicha ley que aun no ha sido aprobada de manera definitiva, el Gobierno de Canarias lleva tiempo haciendo inspecciones a las viviendas para comprobar si efectivamente la familia o titular adjudicatario es quien está haciendo uso de la vivienda, con independencia de la declaración de ingresos para determinar la cuota cada dos años. Este tipo de inspecciones son una novedad, puesto han crecido las denuncias por abandono de las viviendas por parte de los adjudicatarios para posteriormente alquilarla a un tercero, o cederla a otro titular no empadronado y con rentas muy superiores a las que corresponden a este tipo de viviendas.  


En La Verdellada están dentro de este tipo de inspecciones las 158 y 76 VPO en régimen de alquiler del II Plan Canario de Vivienda, dónde se han detectado media docena de viviendas ocupadas por personas ajenas al adjudicatario, pero con acuerdo de renta con el mismo, es decir, alquiladas al margen de la legalidad. Inspecciones similares han detectado cifras aun mayores de está práctica en viviendas del mismo plan en Bajamar, Finca España, Las Mantecas y San Matías. Según fuentes de Visocan las denuncias han partido de los asistentes sociales laguneros, quien han recibido la información directamente de vecinos o reinquilinos.


Los adjudicatarios del II Plan Canario de Viviendas llevan de inquilinos formales de las mismas desde 1996, en la mayoría de los casos, más de 25 años, y quieren acogerse a la opción del traspaso a propiedad, una opción que de no llevarse a cabo antes de la aprobación definitiva de la nueva ley será legalmente imposible, puesto la nueva norma lo prohíbe. Por ello desde la plataforma de impulso del paso a propiedad de estas viviendas han reclamado al Gobierno de Canarias que se inicie el citado trámite ya, que suma un retraso de casi 4 años desde la aprobación del inicio del expediente. Desde el Gobierno de Canarias esperan tener el traspaso a propiedad gestionado antes del las próximas elecciones municipales de mayo de 2023.

miércoles, 20 de abril de 2022

NOTICIAS

La nueva Ley de Viviendas de PSOE y Podemos en el Congreso prohíbe el traspaso a propiedad de las VPO en régimen de alquiler

Esta ley impediría que las 158 y 76 viviendas de La Verdellada concluya el proceso de traspaso a propiedad que se venía tramitando desde el pasado mandato.


"Las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, son una infraestructura y social pública encaminada a facilitar el acceso a la vivienda a personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de que puedan salir de ella"... no para que se mantengan en la vulnerabilidad siempre. 

Precisamente por este motivo, está previsto en la legislación canaria, que transcurrido un periodo mínimo de gestión y mantenimiento de estas viviendas en régimen de alquiler público, están puedan iniciar un procedimiento de traspaso a propiedad de sus inquilinos. 

Para ello, tal y como figura en un decreto regional del gobierno anterior, al precio público de adjudicación se le descontaría lo pagado en concepto de alquiler (como demandaban los vecinos), descontada la subvención mensual al mismo, y la cifra restante, se abonaría a partir de ese momento como pago mensual tipo hipoteca y como propietarios, no como renta de inquilinos. De esta forma se proporciona estabilidad a las familias residentes, que en la mayoría de los casos llevan residiendo en estas viviendas casi 25 años.

Pero todo esto, que ya estaba previsto en la normativa canaria, y que desde hace varios años se ha ido planificando desde el Gobierno de Canarias, se puede frustrar con la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda que promulga a nivel nacional el gobierno de Psoe y Podemos, que apuesta directamente por el alquiler en ves de la propiedad. La nueva ley determina taxativamente que las VPO en régimen de alquiler nunca podrán ser enajenadas y con ello pasadas en propiedad a manos privadas, incluidos sus inquilinos.   

La nueva ley supone crear un nuevo escenario de dependencia definitiva de las personas adjudicatarias y en situación de vulnerabilidad, al estado, o a la voluntad del gobierno de turno que toque, puesto la administración pública sería siempre la propietarias de las casas que habitan.

Sin lugar a dudas esta normativa choca por completo con lo que estos mismos partidos decían antes de las pasadas elecciones municipales, periodo en el que a través de diferentes plataformas prometieron a los vecinos que si ellos gobernaban, se comprometían a impulsar y hacer efectiva la transmisión a propiedad de las viviendas en régimen de alquiler. 

Sin embargo esta nueva Ley, no sólo contradice todo lo dicho, sino que supone un golpe directo a los derechos adquiridos de miles de familias canarias residentes y adjudicatarias de estas viviendas.

Coalición Canaria llevará este jueves al pleno de La Laguna una moción para que el ayuntamiento reclame que la ley sea corregida, y Ana Oramas presentará enmiendas en el Congreso.

La diputada nacional de Coalición Canaria, Ana Oramas, ofreció este lunes 18 de abril una rueda de prensa en la que además de desvelar el contenido de esta ley y sus afecciones concretas en Canarias, anuncio que va a presentar una veintena de enmiendas al texto de la ley para que sea corregida en el tramite parlamentario que se está desarrollando este mes. 

En la misma línea, el concejal y portavoz municipal de Coalición Canaria en La Laguna, Jonathan Domínguez, anunció que en el próximo pleno del ayuntamiento de La Laguna del día 21 de abril, llevará una moción para mostrar el rechazo a esta ley, y que el ayuntamiento se sume a las enmiendas para que el texto final no impida el paso a propiedad de las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler de Canarias.

En el caso de La Laguna están afectadas con esta situación las casas  incluidas en el II y III Plan Canario de Viviendas, casi 2000 hogares distribuidos entre los barrios de La Verdellada, Finca España, Las Mantecas, Geneto, Bajamar, o San Matías, dónde tras 20 años de adjudicación sus inquilinos ya tiene derecho a iniciar el traspaso a propiedad de sus viviendas.  

La ley también incluye otros aspecto polémicos, como la regulación de los derechos de los okupas, como el mantenimiento de los servicios de agua y electricidad por parte de los propietarios del viviendas ocupadas, o la prohibición de que cualquier VPO construida en suelo público pueda transmitirse en propiedad, lo que afectaría en La Laguna al plan de reposición del barrio de Las Chumberas.


jueves, 25 de abril de 2019

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Fernando Clavijo se compromete firmemente a ceder la propiedad de los pisos de Visocan a sus inquilinos

El Gobierno de Canarias se reunió con los inquilinos y asume el precio del alquiler pagado hasta ahora como parte de la compra. En La Verdellada beneficiará a los inquilinos de las 158 y 76 viviendas sociales de El Lomo, que deseen adquirir la propiedad de sus pisos.



Después de tantos años de intrigas y esperas, en tan sólo dos, el actual presidente del Gobierno de Canarias, y candidato de Coalición Canaria a la reelección en mayo, Fernando Clavijo, ha impulsado los pasos necesarios para desbloquear la maraña burocrática que ha paralizado el natural proceso del traspaso a propiedad de las más de 3.000 viviendas sociales del II Plan Canario de Viviendas desarrollado en la década de los 90. 

Entre estas viviendas, unas 1.000 en el municipio de La Laguna, se encuentran  las 158 y 76 construidas en el Lomo de La Verdellada, que fueron adjudicadas a sus inquilinos con contratos de alquileres, con la promesa de pasar a propiedad en un futuro, pese a que el contrato no lo recogiera. Después de más de 22 años como inquilinos, la mayoría de los vecinos desean el traspaso de la propiedad, y que se les compute el dinero pagado en concepto de alquiler durante estos años, petición que ha sido aceptada. 

El presidente del Gobierno de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, y la consejera de Empleo y Vivienda, Cristina Valido, mantuvieron esta semana un encuentro histórico encuentro con los representantes de los inquilinos del parque público de Visocan en Gran Canaria y garantizaron el acceso a la propiedad de las casas, una reivindicación histórica de los vecinos, que exigen que se les compute lo pagado en alquiler hasta ahora como parte del precio final de compra. 

Junto a Clavijo y Valido también estuvieron por parte del Ejecutivo el viceconsejero Francis Candil; la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, y el gerente de Visocan, Víctor González. El presidente pidió "tranquilidad y confianza porque el Gobierno de Canarias, a través de Visocan, pondrá a disposición todas las herramientas para que, aquellos que lo soliciten, puedan acceder a la transmisión de sus pisos en el menor tiempo posible". 

Fernando Clavijo, aseguró que el Gobierno de Canarias, lo que hecho hasta ahora "es tratar de encontrar la fórmula que permita a los vecinos adquirir su vivienda en las condiciones más ventajosas y con el precio más bajo que permita la ley" y confirmó la "firme voluntad de que se descuente del precio final establecido a cada vivienda las cantidades pagadas por los vecinos por el alquiler". 

En resumen, el gobierno busca la manera legal de cumplir con el compromiso del traspaso a propiedad del que se viene hablando desde hace dos décadas, evitando con ello que cualquier decisión al margen de la legalidad, termine siendo recurrida en los juzgados por la oposición o por cualquier persona desagraviada, y trunque con ello la ilusión de cientos de familias de contar con la propiedad de las viviendas que habitan desde hace más de dos décadas.

Los responsables de Vivienda explicaron que se han analizado los diferentes informes y dictámenes y "hemos solicitado una consulta vinculante al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, para esclarecer los efectos fiscales de la compraventa, tanto para la empresa pública como para los adquirentes, de modo que nos permita establecer las condiciones más ventajosas posibles", según la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León. 

La voluntad del gobierno canario es facilitar y acelerar el procedimiento que reclaman las más de 3.000 familias que viven de alquiler en las viviendas de la empresa pública tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Según información a la que a tenido acceso esta revista, ahora se está buscando la fórmula que permita la legalidad, para que el valor de la vivienda se fije en razón al precio de tasación del momento en que se firmo el contrato, hace más de 20 años, y no el actual, puesto que se tratan de viviendas sociales y no se busca un negocio sino un fin social sin ánimo de lucro.

"El Gobierno iniciará el procedimiento para la transmisión de las viviendas a los adjudicatarios en las mejores condiciones fomentando el acceso a la propiedad de las mismas con todos los informes preceptivos a que haya lugar", afirmó de León. Hay que recordar, no obstante, que el contrato de arrendamiento firmado en su momento "es un contrato de alquiler, y no uno de alquiler con opción a compra, por lo que hay que buscar la fórmula más apropiada y establecer los precios adecuados para este tipo de viviendas", explica De León. Por ello la voluntad y determinación política del presidente del gobierno, Fernando Clavijo, está siendo determinante en todo este proceso legal.

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, también lleva todo este mandado presionado y negociando con el Gobierno de Canarias para desbloquear esta situación, y permitir que aquellos vecinos que quieran adquirir la propiedad de la vivienda que habitan, puedan hacerlo de manera legal y segura. La Laguna es el municipio de Canarias que más viviendas tiene del II Plan Canario de Viviendas impulsado, también por el primer gobierno regional de Coalición Canaria, en la década de los 90, motivo por el que el posicionamiento favorable del alcalde lagunero, y el conocimiento y compromiso de Clavijo, han sido claves para los acuerdos alcanzados.

jueves, 4 de octubre de 2018

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Visocan lleva a cabo obras de mantenimiento en el Edificio Las Retamas y Guacaipuro 

Los dos bloques de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler social propiedad del Gobierno de Canarias, suman 76 y 158 pisos que cumplieron recientemente 20 años de uso. 



El Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública de viviendas Visocan, que gestiona las viviendas públicas en régimen de alquiler de La Verdellada, está desarrollando desde inicios de este año las obras de mantenimiento de estos edificios, tal y como anunció la consejera de Asuntos Sociales, Cristina Valido, en su última visita al barrio acompañada del alcalde José Alberto Díaz. 

El Gobierno de Canarias es el propietario de estos dos edificios de 76 y 158 viviendas en régimen de alquiler y subvencionado según rentas familiares, que fueron finalizados y entregados a sus primeros inquilinos entre febrero y marzo de 1997, en el que residen de manera permanente más de un millar de vecinos. El gobierno gestiona el mantenimiento y alquiler de estas viviendas de protección oficial a través de su empresa pública Visocan, en el marco de un convenio con el Instituto Canario de Vivienda. 

Las obras han consistido en las reparaciones de fachadas, cubiertas y zonas comunes, así como los patios interiores y otras instalaciones. El Gobierno de Canarias ha destinado a estas actuaciones en La Verdellada, que ha financiado al 100%, un presupuesto de 327.296,81 euros, que salen del 1.400.000 euros que ha destinado este año al mantenimiento de todas las promociones de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler social, en el municipio de La Laguna.

sábado, 28 de octubre de 2017

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El alcalde José Alberto Díaz anuncia su apuesta por finalizar la rehabilitación de La Verdellada antes de 2020

Recientemente se presentó a los vecinos la ampliación de la 4ª fase del ARRU (rehabilitación y dotación de ascensores) a cuatro bloques más, con lo que quedan pendientes tan sólo 3 edificios para finalizar los 32 de la urbanización.


Diferentes momentos de la asamblea vecinal de presentación ampliación ARRU de La Verdellada.


El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, anunció recientemente en asamblea celebrada en el Centro Ciudadano, que el ayuntamiento pretende poder cumplir con el objetivo de finalizar el proyecto de dotar de ascensores a los 32 bloques de La Verdellada antes de 2020. Y parece que no será un reto difícil, tras la ampliación de la actual fase en ejecución a cuatro bloques más, con lo que tan sólo quedan pendientes para la 5ª y última fase los únicos 3 edificios.

José Alberto Díaz, presentó a los vecinos acompañado del concejal del barrio Jonathan Domínguez, la edil de Viviendas Flora Marrero, y el presidente de Los Verdeños Moisés Afonso, la ampliación de la cuarta fase del ARRU (Áreas de Regeneración y Rehabilitación Urbana) de La Verdellada; que supondrá la adecuación y mejora de las condiciones técnicas de habitabilidad y de accesibilidad de cuatro edificios, que agrupan un total de 81 viviendas y un local.

Esta ampliación de la actual 4ª fase de la que se benefician 7 bloques (1, 2 de 1ªF, y 4, 6, 8, 9 y 13 de 2ªF), a 4 edificios más (6 y 11 de 1ª F, y 1 y 14 de 2ªF), es posible gracias a la ampliación del crédito destinado al actual plan de viviendas, negociado por Coalición Canaria en el Congreso dentro del lote de peticiones para el archipiélago exigidas por las nacionalistas a cambio del voto de Ana Oramas a favor del actual presupuesto nacional de 2017.

De no haberse producido esta ampliación del crédito del actual plan, estos cuatro bloques hubieran tenido que esperar a la negociación del nuevo plan de viviendas en el que se incluye la 5ª y última Fase del ARRU de La Verdellada, que de esta manera se reduce a sólo 3 bloques (el 2 de la 1ªF, y el 17 y 19 de la 2ªF). El alcalde anunció que una vez este en marcha las obras de los 4 nuevos bloques que se incorporan a la 4ª Fase del Arru, el Ayuntamiento acelerará los procedimientos para gestionar y cerrar la 5ª y última fase, que espera esté en marcha antes de 2020.

El alcalde explicó a las numerosas personas que participaron en la reunión que ya se han iniciado los tramites para ejecutar el proyecto de rehabilitación en los bloques 6 y 11 de la primera fase, que cuentan con 21 y 20 viviendas y un local, respectivamente, y en los bloques 1 y 14 de la segunda fase, que cuentan con 20 viviendas cada uno. Díaz detalló las líneas de actuación que se concentran en la rehabilitación de fachadas, la impermeabilización de cubiertas, la mejora de instalaciones eléctricas, de saneamiento y abastecimiento, la instalación de ascensores y la adaptación del acceso a los edificios, con el fin de que todas las viviendas sean accesibles desde el exterior a través de rampas.

El presupuesto estimado para estas actuaciones es de 959.264 euros y el plazo de ejecución planificado es de quince meses. La aportación de estos ARRUS se distribuye de la siguiente manera: el Ayuntamiento de La Laguna promueve a través de Muvisa y asume el 18,05% del coste total; el Estado, el 35%; el Gobierno de Canarias, el 30%; el Cabildo, el 11,95%; y los vecinos aportan el 5%. El alcalde recordó que aquellas familias que no puedan hacer frente a su parte de la aportación pueden acceder a una serie de ayudas que gestiona Bienestar Social.


UN LARGO CAMINO

El actual plan de rehabilitación de la Urbanización de La Verdellada, se comenzó a negociar en el año 2000 con la llegada de Ana Oramas a la alcaldía de La Laguna, aunque no fue hasta el año 2003, cuando se concretó el proyecto y se formalizó el acuerdo entre el Ayuntamiento presidido por Oramas, y la Asociación de Vecinos Los Verdeños, entonces presidida por Jonathan Domínguez. A partir de ahí comenzaron años de negociación y planificación hasta que finalmente en 2006 se pudieron comenzar las obras de la primera fase del ARI, ahora ARRU. 

Fue en el intenso mandato de 2003-2007 cuando se formalizó este importante proyecto, gracias a la excelente predisposición que tuvieron el Ayuntamiento, con Oramas de alcaldesa y Fernando Clavijo como concejal de zona, con los vecinos representados en la Asociación de Vecinos Los Verdeños. Sin aquella capacidad de gestión y compromiso quizás hoy La Verdellada no hubiera logrado cerrar la implantación del área de rehabilitación con tanta anticipación al resto de planes de Canarias. 

La urbanización de La Verdellada cuenta con 32 bloques, y pasados 11 años desde el inicio de las obras del plan de rehabilitación ya se han finalizado las obras en 19 edificios, están en ejecución los trabajos en 7 edificios más, en cuya fase se incluirán estos nuevos 4 bloques. De esta manera tan sólo quedan 3 edificios para cumplir este ambicioso plan, que ha sido pionero en Canarias, y cuyo modelo se ha exportado posteriormente al resto de urbanizaciones de viviendas de origen social del municipio y también de Canarias. 

jueves, 22 de octubre de 2009

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Lavado de cara a las viviendas sociales de La Verdellada

Cuando toda la atención informativa se centra en el ARI de la Urbanización La Verdellada, por lo llamativo de los ascensores, la otra urbanización de viviendas sociales del barrio de La Verdellada también está siendo objeto de una obra de reparación de fachadas y cubiertas a gran escala.



OBRAS EN LAS 234 VIVIENDAS SOCIALES DE LA VERDELLADA. FOTO EL VERDEÑO

Desde el pasado mes de mayo, la empresa pública Visocan, perteneciente al Gobierno de Canarias que preside Paulino Rivero, está haciendo una importante inversión que ronda los 200.000 euros, para reparar todas las fachadas y cubiertas de los dos grandes edificios que forman las 243 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler que existen en el Barrio de La Verdellada. Esta promoción pública fue construida dentro del II Plan Canario de Viviendas entre 1994 y 1996 y entregada a sus moradores en febrero de 1997, siendo en la actualidad la manzana con mayor densidad de población de toda La Verdellada.


Es la segunda vez en 12 años que Visocan hace un lavado de cara a estos edificios con la pintura de fachadas y cubiertas, aunque en esta ocasión las obras son más profundas y destacadas. Las continuas quejas de los vecinos sobre las humedades y grietas que presentaban las viviendas, motivó a que la empresa pública del Gobierno Canario pusiera en marcha este plan de mejora integral de las fachadas y cubiertas de estos edificios, en los que viven más de 800 del Barrio de La Verdellada.


Las obras están consistiendo en la reposición de enfoscados en todas las zonas de humedades existentes o de grietas, para con ello mejorar la impermeabilización de las paredes y lograr una mayor eficacia en la misma. Tras este trabajo se procederá al pintado de todos los edificios, obras que está previsto acaben antes de fin de año. Estas viviendas se encuentran en pleno Barrio de La Verdellada en la zona conocida como El Lomo, y se dividen en dos grandes edificios, uno de 76 viviendas denominado Residencial Guacaipuro, y otro de 158 viviendas denominado Residencial Las Retamas.

Satisfacción vecinal.

Los vecinos residentes en estas viviendas, han mostrado su satisfacción por estos trabajos, ya que vienen a cubrir una serie de deficiencias que tenían estos edificios, acrecentadas tras el paso de la tormenta tropical Delta, que afecto a la impermeabilización de las cubiertas de los edificios de manera importante. La delegada de esta zona en la Asociación de Vecinos Los Verdeños, Carmen Barrera, comentó que estas obras eran una demanda de los vecinos de los edificios, y por lo tanto están bastante satisfechos con la ejecución de las mismas por parte de Visocán. La portavoz de esta zona en Los Verdeños, comentó que el Ayuntamiento de La Laguna medió para que se agilizaran estos trabajos, y por lo tanto es justo recordar el papel hecho por la concejala Blanca Pérez en este sentido.