lunes, 21 de noviembre de 2022

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El Gobierno de Canarias investiga denuncias por realquilar las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler por los actuales inquilinos

Funcionarios del Instituto Canario de Viviendas, a instancia de asistentes sociales de La Laguna, ha realizado recientemente visitas de inspección de VPO en régimen de alquiler para aclarar denuncias de fraude en su uso por parte de los adjudicatarios.



Las VPO en régimen de alquiler que forman parte del parque público de viviendas, se adjudican a sus titulares como consecuencia de una necesidad habitacional y social constatada en el momento de la adjudicación, pero hasta la fecha, esa necesidad tan solo se comprueba cada dos años para regular el precio de la cuota mensual, y no para determinar la situación real de vulnerabilidad, por lo que si la situación económica de la familia cambiara en positivo, hasta el punto de abandonar la vivienda y alquilarla a un tercero, no se había controlado.


La nueva Ley estatal de viviendas quiere eliminar la posibilidad del traspaso a propiedad de este tipo de viviendas, con el fin de evitar la especulación o el aprovechamiento privado e inmobiliario de estas viviendas que fueron construidas al 100% con financiación pública. La filosofía de la nueva ley impulsada por el gobierno de Psoe y Podemos, es que si la familia titular de la adjudicación mejora su situación económica y sale de la vulnerabilidad, abandone la vivienda y adquiera otra privada a su coste, y devuelvan la VPO para su adjudicación a otra familia en situación vulnerable.


Como anticipo a dicha ley que aun no ha sido aprobada de manera definitiva, el Gobierno de Canarias lleva tiempo haciendo inspecciones a las viviendas para comprobar si efectivamente la familia o titular adjudicatario es quien está haciendo uso de la vivienda, con independencia de la declaración de ingresos para determinar la cuota cada dos años. Este tipo de inspecciones son una novedad, puesto han crecido las denuncias por abandono de las viviendas por parte de los adjudicatarios para posteriormente alquilarla a un tercero, o cederla a otro titular no empadronado y con rentas muy superiores a las que corresponden a este tipo de viviendas.  


En La Verdellada están dentro de este tipo de inspecciones las 158 y 76 VPO en régimen de alquiler del II Plan Canario de Vivienda, dónde se han detectado media docena de viviendas ocupadas por personas ajenas al adjudicatario, pero con acuerdo de renta con el mismo, es decir, alquiladas al margen de la legalidad. Inspecciones similares han detectado cifras aun mayores de está práctica en viviendas del mismo plan en Bajamar, Finca España, Las Mantecas y San Matías. Según fuentes de Visocan las denuncias han partido de los asistentes sociales laguneros, quien han recibido la información directamente de vecinos o reinquilinos.


Los adjudicatarios del II Plan Canario de Viviendas llevan de inquilinos formales de las mismas desde 1996, en la mayoría de los casos, más de 25 años, y quieren acogerse a la opción del traspaso a propiedad, una opción que de no llevarse a cabo antes de la aprobación definitiva de la nueva ley será legalmente imposible, puesto la nueva norma lo prohíbe. Por ello desde la plataforma de impulso del paso a propiedad de estas viviendas han reclamado al Gobierno de Canarias que se inicie el citado trámite ya, que suma un retraso de casi 4 años desde la aprobación del inicio del expediente. Desde el Gobierno de Canarias esperan tener el traspaso a propiedad gestionado antes del las próximas elecciones municipales de mayo de 2023.