La nueva Ley de Viviendas de PSOE y Podemos en el Congreso prohíbe el traspaso a propiedad de las VPO en régimen de alquiler
Esta ley impediría que las 158 y 76 viviendas de La Verdellada concluya el proceso de traspaso a propiedad que se venía tramitando desde el pasado mandato.
"Las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, son una infraestructura y social pública encaminada a facilitar el acceso a la vivienda a personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de que puedan salir de ella"... no para que se mantengan en la vulnerabilidad siempre.
Precisamente por este motivo, está previsto en la legislación canaria, que transcurrido un periodo mínimo de gestión y mantenimiento de estas viviendas en régimen de alquiler público, están puedan iniciar un procedimiento de traspaso a propiedad de sus inquilinos.
Para ello, tal y como figura en un decreto regional del gobierno anterior, al precio público de adjudicación se le descontaría lo pagado en concepto de alquiler (como demandaban los vecinos), descontada la subvención mensual al mismo, y la cifra restante, se abonaría a partir de ese momento como pago mensual tipo hipoteca y como propietarios, no como renta de inquilinos. De esta forma se proporciona estabilidad a las familias residentes, que en la mayoría de los casos llevan residiendo en estas viviendas casi 25 años.
Pero todo esto, que ya estaba previsto en la normativa canaria, y que desde hace varios años se ha ido planificando desde el Gobierno de Canarias, se puede frustrar con la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda que promulga a nivel nacional el gobierno de Psoe y Podemos, que apuesta directamente por el alquiler en ves de la propiedad. La nueva ley determina taxativamente que las VPO en régimen de alquiler nunca podrán ser enajenadas y con ello pasadas en propiedad a manos privadas, incluidos sus inquilinos.
La nueva ley supone crear un nuevo escenario de dependencia definitiva de las personas adjudicatarias y en situación de vulnerabilidad, al estado, o a la voluntad del gobierno de turno que toque, puesto la administración pública sería siempre la propietarias de las casas que habitan.
Sin lugar a dudas esta normativa choca por completo con lo que estos mismos partidos decían antes de las pasadas elecciones municipales, periodo en el que a través de diferentes plataformas prometieron a los vecinos que si ellos gobernaban, se comprometían a impulsar y hacer efectiva la transmisión a propiedad de las viviendas en régimen de alquiler.
Sin embargo esta nueva Ley, no sólo contradice todo lo dicho, sino que supone un golpe directo a los derechos adquiridos de miles de familias canarias residentes y adjudicatarias de estas viviendas.
Coalición Canaria llevará este jueves al pleno de La Laguna una moción para que el ayuntamiento reclame que la ley sea corregida, y Ana Oramas presentará enmiendas en el Congreso.
La diputada nacional de Coalición Canaria, Ana Oramas, ofreció este lunes 18 de abril una rueda de prensa en la que además de desvelar el contenido de esta ley y sus afecciones concretas en Canarias, anuncio que va a presentar una veintena de enmiendas al texto de la ley para que sea corregida en el tramite parlamentario que se está desarrollando este mes.
En la misma línea, el concejal y portavoz municipal de Coalición Canaria en La Laguna, Jonathan Domínguez, anunció que en el próximo pleno del ayuntamiento de La Laguna del día 21 de abril, llevará una moción para mostrar el rechazo a esta ley, y que el ayuntamiento se sume a las enmiendas para que el texto final no impida el paso a propiedad de las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler de Canarias.
En el caso de La Laguna están afectadas con esta situación las casas incluidas en el II y III Plan Canario de Viviendas, casi 2000 hogares distribuidos entre los barrios de La Verdellada, Finca España, Las Mantecas, Geneto, Bajamar, o San Matías, dónde tras 20 años de adjudicación sus inquilinos ya tiene derecho a iniciar el traspaso a propiedad de sus viviendas.
La ley también incluye otros aspecto polémicos, como la regulación de los derechos de los okupas, como el mantenimiento de los servicios de agua y electricidad por parte de los propietarios del viviendas ocupadas, o la prohibición de que cualquier VPO construida en suelo público pueda transmitirse en propiedad, lo que afectaría en La Laguna al plan de reposición del barrio de Las Chumberas.
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