El Gobierno de Canarias se reunió con los inquilinos y asume el precio del alquiler pagado hasta ahora como parte de la compra. En La Verdellada beneficiará a los inquilinos de las 158 y 76 viviendas sociales de El Lomo, que deseen adquirir la propiedad de sus pisos.
Después de tantos años de intrigas y esperas, en tan sólo dos, el actual presidente del Gobierno de Canarias, y candidato de Coalición Canaria a la reelección en mayo, Fernando Clavijo, ha impulsado los pasos necesarios para desbloquear la maraña burocrática que ha paralizado el natural proceso del traspaso a propiedad de las más de 3.000 viviendas sociales del II Plan Canario de Viviendas desarrollado en la década de los 90.
Entre estas viviendas, unas 1.000 en el municipio de La Laguna, se encuentran las 158 y 76 construidas en el Lomo de La Verdellada, que fueron adjudicadas a sus inquilinos con contratos de alquileres, con la promesa de pasar a propiedad en un futuro, pese a que el contrato no lo recogiera. Después de más de 22 años como inquilinos, la mayoría de los vecinos desean el traspaso de la propiedad, y que se les compute el dinero pagado en concepto de alquiler durante estos años, petición que ha sido aceptada.
El presidente del Gobierno de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, y la consejera de Empleo y Vivienda, Cristina Valido, mantuvieron esta semana un encuentro histórico encuentro con los representantes de los inquilinos del parque público de Visocan en Gran Canaria y garantizaron el acceso a la propiedad de las casas, una reivindicación histórica de los vecinos, que exigen que se les compute lo pagado en alquiler hasta ahora como parte del precio final de compra.
Junto a Clavijo y Valido también estuvieron por parte del Ejecutivo el viceconsejero Francis Candil; la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, y el gerente de Visocan, Víctor González. El presidente pidió "tranquilidad y confianza porque el Gobierno de Canarias, a través de Visocan, pondrá a disposición todas las herramientas para que, aquellos que lo soliciten, puedan acceder a la transmisión de sus pisos en el menor tiempo posible".
Fernando Clavijo, aseguró que el Gobierno de Canarias, lo que hecho hasta ahora "es tratar de encontrar la fórmula que permita a los vecinos adquirir su vivienda en las condiciones más ventajosas y con el precio más bajo que permita la ley" y confirmó la "firme voluntad de que se descuente del precio final establecido a cada vivienda las cantidades pagadas por los vecinos por el alquiler".
En resumen, el gobierno busca la manera legal de cumplir con el compromiso del traspaso a propiedad del que se viene hablando desde hace dos décadas, evitando con ello que cualquier decisión al margen de la legalidad, termine siendo recurrida en los juzgados por la oposición o por cualquier persona desagraviada, y trunque con ello la ilusión de cientos de familias de contar con la propiedad de las viviendas que habitan desde hace más de dos décadas.
Los responsables de Vivienda explicaron que se han analizado los diferentes informes y dictámenes y "hemos solicitado una consulta vinculante al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, para esclarecer los efectos fiscales de la compraventa, tanto para la empresa pública como para los adquirentes, de modo que nos permita establecer las condiciones más ventajosas posibles", según la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León.
La voluntad del gobierno canario es facilitar y acelerar el procedimiento que reclaman las más de 3.000 familias que viven de alquiler en las viviendas de la empresa pública tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Según información a la que a tenido acceso esta revista, ahora se está buscando la fórmula que permita la legalidad, para que el valor de la vivienda se fije en razón al precio de tasación del momento en que se firmo el contrato, hace más de 20 años, y no el actual, puesto que se tratan de viviendas sociales y no se busca un negocio sino un fin social sin ánimo de lucro.
"El Gobierno iniciará el procedimiento para la transmisión de las viviendas a los adjudicatarios en las mejores condiciones fomentando el acceso a la propiedad de las mismas con todos los informes preceptivos a que haya lugar", afirmó de León. Hay que recordar, no obstante, que el contrato de arrendamiento firmado en su momento "es un contrato de alquiler, y no uno de alquiler con opción a compra, por lo que hay que buscar la fórmula más apropiada y establecer los precios adecuados para este tipo de viviendas", explica De León. Por ello la voluntad y determinación política del presidente del gobierno, Fernando Clavijo, está siendo determinante en todo este proceso legal.
El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, también lleva todo este mandado presionado y negociando con el Gobierno de Canarias para desbloquear esta situación, y permitir que aquellos vecinos que quieran adquirir la propiedad de la vivienda que habitan, puedan hacerlo de manera legal y segura. La Laguna es el municipio de Canarias que más viviendas tiene del II Plan Canario de Viviendas impulsado, también por el primer gobierno regional de Coalición Canaria, en la década de los 90, motivo por el que el posicionamiento favorable del alcalde lagunero, y el conocimiento y compromiso de Clavijo, han sido claves para los acuerdos alcanzados.
